jueves, 22 de noviembre de 2012

La Junta deberá definirse sobre el transformador de Madre Vedruna

J.M / Toledo - La Tribuna 

El Ayuntamiento de Toledo ha remitido a la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades las protestas de los vecinos de Santa Bárbara sobre el transformador eléctrico situado en el número 16 de la calle Madre Vedruna, de Santa Bárbara. En la Junta de Distrito del pasado mes de octubre, estos volvieron a denunciar los ruidos constantes que les impiden dormir, vibraciones y el temor de tener bajo sus viviendas algo que puede ser perjudicial para la salud. Una preocupación que tiene su origen en un transformador eléctrico situado en el interior de su edificio y con el que se ven obligados a convivir, dado que la única alternativa que les ha dado la compañía eléctrica es que ellos proporcionen el terreno alternativo y corran con los gastos del traslado.

En la última sesión plenaria, el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Guijarro, informó de que los técnicos municipales han estudiado la situación, y han concluido que la  materia eléctrica y sus transformadores están legislados por una ley estatal, y la administración responsable de su control es la Junta de Comunidades. Porque el Ayuntamiento sólo puede conceder la licencia de obra y en su caso la de ocupación de vía pública. De ahí que el propio Guijarro haya remitido una carta a la Consejería de Industria para que esta compruebe que el transformador de Madre Vedruna cumple con esta legislación.
Para lo que sí va a contactar directamente el Ayuntamiento con Iberdrola es para la otra denuncia en materia eléctrica presentada en la misma Junta de Distrito. Se trata de la situación de unos cables situados sobre los números 2 y 4 de los Toreros, que están casi rozando en los tejados, y se mueven cada vez que hay viento. Guijarro ha pedido a Iberdrola que, como solicitaron los vecinos, se cambie a la mayor celeridad posible el tendido eléctrico situado sobre estos inmuebles, para que deje de constituir un peligro para el mismo. Se trata de una reivindicación que ya se planteó en el año 2009, pero para la que aún no ha llegado una solución.

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